miércoles, 15 de abril de 2009

Derecho a la huelga y movimiento estudiantil

Rafael Uzcátegui* / Soberania.org - 15/04/09
Las declaraciones de Carlos Sierra, presidente de la Federación Bolivariana de Estudiantes (FBE) y miembro de la Comisión Presidencial de la Misión Ribas, sobre el llamado a paro convocado por el gremio de maestros para el pasado 25 de marzo establecen un triste precedente en la lucha sindical del país y el papel de los estudiantes ante las luchas de los trabajadores y trabajadoras.


Como se difundió por varios medios de comunicación, el vocero estudiantil criminalizó la acción al calificarla como “ilegal” y “guarimbera” (Agencia Bolivariana de Noticias, 25.03.09).[1] Asimismo, afirmó que los maestros que se sumaran a la paralización serían suplantados por estudiantes y profesores jubilados: “Donde falte un docente se sustituirá y se realizará un acta para que le caiga todo el peso de la ley”, declaró.


El que un dirigente estudiantil defina medidas para contrarrestar una acción reivindicativa de trabajadores y trabajadoras tiene pocos ejemplos en la historia venezolana. Parecen otros tiempos cuando las luchas estudiantiles, alejadas de la acción gubernamental, se solidarizaban con otros sectores en lucha por sus derechos. En su Informe Anual 2008 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, Provea mostraba su preocupación por el desdibujamiento de la autonomía e identidad del movimiento estudiantil, el cual se había mimetizado con las demandas políticas partidistas abandonando su propia agenda de peticiones, la cual debe priorizar los temas relacionados con el disfrute al derecho a la educación.


El derecho a la huelga se encuentra consagrado en el artículo 97 de la Constitución (CRBV). Asimismo, la Carta Magna, en su artículo 96 establece el derecho que poseen los trabajadores, tanto del sector público como privado, de negociar su contratación colectiva. Para Carlos Sierra, como para cualquier otro ciudadano, los únicos señalamientos válidos contra la iniciativa del magisterio era si la misma había agotado otros mecanismos o si el Estado, el patrón empleador en este caso, había garantizado el desarrollo de las relaciones colectivas o había establecido los canales para favorecer la solución de las peticiones esgrimidas por los diferentes gremios. Si los derechos laborales son irrenunciables, como lo establece el numeral 2 del artículo 89 de la CRBV, el promover acciones en contra de quienes intentan resarcirlos es realizar un llamado al desconocimiento y vulneración de la propia Carta Magna


La Federación Bolivariana de Estudiantes tiene la oportunidad de rectificar y evitar que, como lo han hecho algunos sectores cercanos a la propia Unión Nacional de Trabajadores (UNT) sean recordados como esquiroles. (Laclase.info, 26.03.09) [2] Además de la propia lectura de la Constitución, una revisión de los diferentes pactos y acuerdos por el Estado venezolano, de obligatorio cumplimiento en la jurisdicción interna, ilustra de las normativas internacionales que protegen el derecho a la huelga de los trabajadores y trabajadoras. El artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) obliga a los Estados a garantizar el derecho a la paralización parcial o total de actividades laborales. El Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical y la protección del derecho a la sindicación, por su parte, establece en su artículo 3 que las organizaciones de trabajadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, organizar su administración y sus actividades así como el de formular su programa de acción. Esta última frase es significativa, pues expresa que la legitimidad de las estrategias de presión adoptadas por el gremio laboral en su labor de exigibilidad de derechos.


Uno de los argumentos aludidos por el vocero estudiantil era la protección del derecho a la educación. Si bien prima dentro de las razones del conflicto profesoral el estancamiento de su contratación colectiva y el desmantelamiento de su seguridad social, los educadores también hacían señalamientos acerca de la ausencia de un seguro escolar y de las deficiencias dentro de las cuales debían realizar su labor. Por ello es un falso antagonismo el enfrentar los derechos laborales de los maestros y maestras contra las garantías de un efectivo cumplimiento del derecho a la educación.


El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha establecido, por otra parte, que las únicas excepciones posibles al derecho a huelga son admisibles respecto a los miembros de las fuerzas armadas y policiales, los funcionarios de cargos gerenciales estatales, en situaciones de crisis nacional aguda y los trabajadores en áreas cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población. Esta última consideración esta pensada para largas suspensiones en sectores de emergencia hospitalaria o en cuerpos de bomberos, por ejemplo, y nunca para la paralización de un día en las escuelas públicas del país para exigir la reanudación y celeridad del pacto que establece sus condiciones de trabajo.


Sobre la posible contratación de trabajadores en sustitución de huelguistas, el Comité de Libertad Sindical de la OIT es enfático al afirmar que dicha práctica menoscaba gravemente el derecho de huelga. Al avalar la implementación de estas medidas, Sierra toma partida por los patrones, el Ministerio de Educación y el Ejecutivo Nacional, y se coloca de espaldas a lo que ha sido la tradición de lucha del propio movimiento estudiantil, no sólo en nuestro país sino en el mundo entero.

La insurgencia en Venezuela

De: Robin Rodríguez
Jamás olvidaré aquella fresca madrugada de septiembre de 1986, cuando me reuní en la ciudad de Barquisimeto con Francisco Jiménez (Uno de los insurgentes fugados del pabellón de presos políticos de la cárcel de La Pica el 6 de agosto de 1977) y con Alejandro Velásquez Guerra (El único comandante sobreviviente de la masacre de Cantaura del 4 de octubre de 1982); para establecer los planes que permitirían la instalación en tres años de un nuevo frente armado que operaria entre los estados Lara, Trujillo, Falcón, Portuguesa y parte del Zulia. Venia de cumplir actividades clandestinas y militares en el estado Zulia, puesto que varios de nosotros tuvimos que suplir la deficiencias dejadas por la detención en el 1983 de Asdrúbal Guzmán Cordero (Uno de los revolucionarios fugados el 18 de enero de 1975 del Cuartel San Carlos, junto a Francisco Prada, Carlos Betancourt y Rafael Uzcategui entre otros) y por la persecución que padecían otros cuadros políticos que fueron enviados a estados lejanos.

Nuestra visión de lucha Popular Prolongada, combinando la organización de las luchas del pueblo venezolano con acciones militares que permitieran construir la fuerza popular y militar que lograría desplazar del poder a las cúpulas del bipartidismo y los intereses transnacionales a los que respondían. Se reforzaba, ya que en nuestro continente existía una gran expectativa por el triunfo en Nicaragua de los Sandinistas el 19 de julio de 1979; en El Salvador y Guatemala aumentaba e incrementaba las acciones político-militares, hasta el punto que el 10 de octubre de 1980 se funda el Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional (FMLN) producto de un proceso de integración de varias fuerzas en El Salvador, y el 7 de febrero de 1982, se conformó la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).



La ferocidad de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela en defensa del régimen del bipartidismo implantado desde el 13 de febrero de 1959, quedó demostrada durante el periodo 1962-1982, cuando PROVEA estableció en sus investigaciones que durante ese tiempo se produjeron 50 mil detenciones, 10 mil torturados y mil desaparecidos; puesto que esta bestialidad respondía a los manuales de la Escuela de Las Américas con sede en Panamá (pero dirigida desde los Estados Unidos), donde se formaron la mayoría de nuestros oficiales, incluyendo muchos de los hoy en día se llaman revolucionarios o bolivarianos. Entre la lista de atropellos de la FAN y cuerpos policiales, podemos citar la muerte por tortura de Juan Bautista Sánchez (del PCV) durante los años 60 en la cuidad del Tigre; la emboscada a Jesús Márquez Finol el jueves 1 de marzo de 1973 en la avenida Libertador de Caracas; el asesinato del periodista Fabricio Ojeda (de URD) el 21 de junio de 1966, cuando se encontraba detenido en una celda de los servicios de inteligencia militar; el fusilamiento y desaparición de Trino Barrio junto a Víctor Soto Rojas (del MIR) luego de ser detenidos cerca de la población de Altagracia del Orituco; la muerte por tortura de Jorge Rodríguez (Liga Socialista) el 25 de julio de 1976; el mutilamiento de la lengua y desaparición del dirigente estudiantil Noel Rodríguez en junio de 1973 o el asesinato de Alberto Lovera (PCV) apareciendo su cadáver el 27 de octubre de 1965 flotando en el Morro de Lechería.



Pero la represión, la cárcel o la muerte no detuvieron el deseo de cambio de nuestro pueblo. Con la desdicha que las corrientes revolucionarias nos encontrábamos debilitadas y dividas en el momento de agudizarse la crisis del bipartidismo. Vació que fue llenado por muchos de los militares que avalaron por años las atrocidades del bipartidismo. Así como Rosa Luxemburgo y el diputado Carlos Liebknecht de Alemania, cometieron el error histórico de convocar durante el 1918 a una insurrección armada sin antes madurar todas las condiciones requeridas, facilitando su fusilamiento y el aplastamiento de los sectores revolucionarios, lo cual dejó un vacío que permitió que la vanguardia política del pueblo alemán fuera asumida al final, por sectores con intereses oscuros encabezados por Adolfo Hitler. El ascenso de Chávez al poder son esos accidentes en la historia que debemos reparar los revolucionarios junto a sectores patrióticos y progresistas.