martes, 6 de enero de 2009

Evitemos una crisis político-militar

Robin Rodríguez y José “Cheo” Martínez en su condición de dirigentes del partido de izquierda Vanguardia Popular, indicaron que la crisis que se aproxima al país, no solo esta relacionada con la crisis que mundialmente sacude al sistema capitalista; sino que tiene ingredientes nacionales, puesto que el despilfarro de multimillonarios recursos en cosas que no son prioritarias para el país, junto a la incapacidad de Hugo Chávez para atender las causas de los problemas sociales y a la asquerosa corrupción reinante durante estos 10 años de falsa revolución, se unen al carácter arbitrario, autoritario y despótico del régimen; además de sus pretensiones de perpetuarse en el poder y los estragos de una crisis recesiva mundial que desnuda la profunda dependencia del país y la fragilidad de nuestra estructura económica y social.
Como balance económico podemos señalar que el 2008 cerró con una inflación general de 34% y en el renglón alimentos alcanzó el 45%, con un déficit fiscal cercano a los $10.000 millones, una deuda externa de más de $40.000 millones (incluida la deuda de PDVSA) y con el barril de petróleo por debajo a lo requerido para cubrir el presupuesto del 2009; siendo que durante estos 10 años Chávez ha administrado cerca de 850.000 millones de dólares producto de los ingresos petroleros y fiscales. Este crecimiento del PIB contrasta con la caída del 40% de la capacidad productiva industrial y agropecuaria y con el crecimiento de nuestras importaciones, las cuales alcanzan al 60% de los productos que consumimos; además de un cuantioso gasto militar, que promedia los $10.000 millones.
Ante la magnitud de la crisis que azotará al país y ante la posibilidad de de una situación política que amenaza con una crisis social y militar de consecuencias incalculables, Vanguardia Popular hace las siguientes recomendaciones al gobierno en aras de evitar desenlaces no deseados:
1) Recorte drástico del gasto militar en $3.000 millones anuales. Esto es más que suficiente para garantizar el gasto operativo y el mantenimiento de la FAN y representa para el país un ahorro de $7.000 millones al año.
2) Reducción sustancial del gasto externo y acabar con la política demagógica de la regaladera de dinero y de promoción de proyectos faraónicos y rocambolescos. El país podrá ahorrar una cantidad no menor de $3.000 millones anuales.
3) Utilización racional y transparente de los recursos de FONDEN y otros fondos disponibles para financiar exclusivamente planes de inversión y gasto social. Esto permitiría disponer en lo inmediato de unos $30.000 millones más para amortiguar la caída brusca de los ingresos petroleros y fiscales. Las reservas internacionales excedentarias también podrían, eventualmente, estar disponibles para estos fines.
4) Impulso de un plan audaz de recompra de bonos de nuestra deuda pública, los cuales hoy se negocian en el mercado a menos de la mitad de su valor. Esto permitiría comprar baratos los Bonos Soberanos emitidos por la nación y reducir parcialmente el peso de nuestra deuda pública.
5) Designar una comisión imparcial y de alto nivel técnico que investigue a fondo las irregularidades presentes en el proceso de endeudamiento interno y externo del país y, eventualmente, promover el enjuiciamiento de los exministros de finanzas Tobías Nóbrega, Nelson Merentes y Rodrigo Cabezas.
6) Reducción de nuestras importaciones en forma gradual pero sostenida y promover el desarrollo efectivo de nuestro aparato industrial y agropecuario.
7) Adelantar en forma consecuente y transparente un plan nacional de austeridad del Estado venezolano, orientado a eliminar o reducir, según sea el caso, el gasto superfluo, el derroche publicitario, los gastos de representación y la ostentación de riqueza.
8) Combate radical a la corrupción, la ineficacia, la ineficiencia y el derroche de recursos que desangran a la administración pública. Es necesario derrotar la impunidad que se ha instalado en el país con el silencio cómplice de las instituciones llamadas a enfrentar este flagelo. No tenemos dudas de que, más allá de las implicaciones éticas y morales que esto supone, la corrupción entraña hoy, dada su magnitud, importantes repercusiones económicas y financieras para el país.
9) Decretar la intervención de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Esta medida, de alto interés nacional, tiene que ser presidida por una comisión nacional y no gubernamental, suficientemente plural e interdisciplinaria, altamente calificada desde el punto de vista ético y moral, técnico y gerencial, para presentarle al país un diagnóstico exhaustivo de su verdadera situación y un plan viable para la recuperación de sus empresas tuteladas.
10) Adelantar urgentemente una reforma tributaria orientada a eliminar todos los impuestos regresivos, tales como el IVA; a estimular y facilitar la inversión productiva y la generación de empleo digno y bien remunerado; a hacer más eficaz la recaudación del impuesto sobre la renta y otros; a eliminar la discrecionalidad, la evasión fiscal y otras formas de corrupción; a pechar a los grandes capitales, la ganancia excesiva, la ganancia súbita y el consumo suntuario; y otras medidas similares.
11) Resguardar y potenciar las principales políticas y programas sociales en desarrollo. Garantizar el manejo transparente, eficiente y austero de todos los programas y proyectos que se adelantan y de todos los recursos que se emplean. Esto supone acabar con la discrecionalidad y el misterio que envuelve la asignación de presupuestos y la distribución y ejecución de los recursos; imponer una verdadera y eficiente contraloría social y legal; combatir la corrupción, la ineficacia, la ineficiencia y el derroche de recursos; y, finalmente, despojarlos de toda manipulación sectaria y excluyente, de toda práctica que reproduzca la vieja perversión de cambiar migajas por conciencia o por incondicionalidad.
12) Concertar un aumento general de sueldos y salarios del 40%, el incremento del salario mínimo nacional a BsF 1.500 mensuales y la discusión y firma de las convenciones colectivas de condiciones de trabajo pendientes. Todo esto, como parte de los esfuerzos orientados a compensar los efectos de la inflación sobre el ingreso familiar, como una medida de justicia social, y como un factor de estímulo a la demanda interna y a la reanimación del aparato productivo.
13) Retiro inmediato de su propuesta de Enmienda Constitucional, cuyo único propósito es atornillar a Hugo Chávez en la presidencia de la república, exacerbando el clima de confrontación e imponiendo nuevas erogaciones milmillonarias al Estado venezolano.
14) Cese de la actitud intolerante, arbitraria y hostil hacia aquellos gobernadores y alcaldes recién electos y que no son afectos al presidente y su partido. Respeto pleno de sus competencias, garantías para la entrega de los recursos presupuestarios, colaboración y coordinación interinstitucional para atacar graves problemas como los de la inseguridad, vialidad, servicios públicos, vivienda y otros.
15) Libertad para los presos políticos, cese a las persecuciones y regreso de los exiliados.