VANGUARDIA
POPULAR presenta propuestas ante los problemas económicos y sociales del país
Robin Rodríguez
en su condición de Secretario General de VANGUARDIA POPULAR e integrante de la
UNIDAD en Anzoátegui, señaló que elevaran propuestas concretas a la nueva
Asamblea Nacional en función de atender los graves problemas económicos y
sociales que vive el país.
Rodríguez indicó
que los PAQUETES ECONÓMICOS del pasado y el presente, han sido medidas
orientadas para sacar del bolsillo de los trabajadores y el pueblo, el déficit
de los gobernantes de turno, con la particularidad, que en la actualidad vivimos
momentos explosivos, producto de las drásticas devaluaciones, subempleos, alto
costo de la vida y para colmo escasez a niveles alarmantes de rublos vitales para
los ciudadanos. En tal sentido, debemos abrir un debate sobre la aplicación de
medidas económicas y sociales que no representen más pobreza y calamidades para
los venezolanos, entre las que se encuentran:
1) Reducción drástica del gasto militar que
actualmente consume un promedio anual de 6.000 millones de dólares.
2) Un programa de reestructuración de la deuda
externa que este año supone pagos por el orden de los 11.000 millones de
dólares. Este programa tendría como propósito diferir pagos y discutir nuevas
condiciones y plazos para los mismos.
3) Una reforma tributaria integral orientada a
reactivar el aparato productivo nacional y a proteger y abaratar el consumo.
Esta reforma debe favorecer y facilitar la inversión productiva, estimular el
mercado interno, recuperar el poder adquisitivo de los sueldos y salarios,
proteger los sectores vitales de la economía y los grupos sociales más
empobrecidos y vulnerables de la población.
4) En correspondencia con lo anterior,
desarrollar un plan nacional de infraestructura que favorezca la reactivación
económica, construya y recupere importantes obras de servicio y genere empleo
en forma rápida.
5) Un plan nacional de compras por parte del
Estado, tendente al mismo propósito de reactivación del aparato productivo
nacional y a la reducción significativa de las importaciones.
6) Reformulación integral de toda la política
petrolera del país, con énfasis en la revisión de los contratos suscritos con
las transnacionales del sector, así como de la política industrial y comercial
de PDVSA. Especial atención se deberá dar a los acuerdos de PETROCARIBE y
PETROAMÉRICA que nos colocan como financistas o subsidiadores a estados que
viven mejores momentos que nuestro país. Sólo en este contexto estaríamos en
disposición de considerar la revisión del precio de la gasolina.
7) Intervención de la Corporación Venezolana
de Guayana a fin de desarrollar todas las medidas necesarias para acometer la
pronta reactivación de sus empresas. Esta medida tendría que quedar en manos de
una Junta Interventora multidisciplinaria, altamente calificada desde los
puntos de vista profesional, técnicos y gerenciales, pero también
incuestionable desde el punto de vista moral, en su compromiso patriótico y su
sensibilidad social.
9) Designación de otra Comisión Especial para la
revisión de la situación de las empresas del Estado, con exclusión de PDVSA, la CVG y demás empresas básicas o
estratégicas. Nos referimos específicamente a las empresas de la mal llamada
área de la economía social, a fin de verificar su estado financiero y
gerencial, su productividad y eficiencia, con miras a su transferencia, bien a
sus trabajadores o al sector privado, según los casos.
8) Conformar una Comisión Especial contra la
corrupción y la impunidad, cuyo propósito sería investigar los graves delitos
de corrupción cometidos durante este período, así como adelantar las medidas
conducentes a la recuperación de los dineros sustraídos.
9) Adelantar una gran campaña por la vida, fruto
de un gran acuerdo nacional que comprometa a todos los sectores del país,
orientada a revalorizar de forma integral u holística el sentido de la vida, a
sembrar nuevos valores asociados a la convivencia social y la solidaridad, al
fomento del trabajo y el estudio, a la honradez y la honestidad. Este esfuerzo
tendría que ser complementado con un conjunto de medidas orientadas la combatir
la impunidad y el crimen organizado, a reestructurar los cuerpos policiales y
el poder judicial, a desarmar a la población y a reestructurar y humanizar el
sistema carcelario venezolano, entre otras cosas.
10) Desmantelamiento radical de lo que conocemos
como sistema nacional de medios públicos, fuente de despilfarro de los dineros
de la nación, de negociados y corrupción, de financiamiento del PSUV y demás
factores asociados al llamado “proceso” y de campañas sistemáticas de
ideologización y falseamiento de la realidad. En su lugar, volver al viejo
esquema de una o dos emisoras radiales del Estado, que no del gobierno, de una
o dos plantas televisivas del Estado, que no del gobierno, preservando las
prerrogativas que la ley contempla para la publicidad oficial y para la
comunicación con el país.
11) Preservación, fortalecimiento y reingeniería
de la política y los programas sociales con miras a la protección de los
sectores empobrecidos y los grupos vulnerables. Esta medida debe orientarse a
mejorar su cobertura y eficacia orientando su impacto sobre la población en
términos efectivos de inclusión social y superación de la pobreza, con base en
criterios de sostenibilidad, sustentabilidad y democratización.
12) Preservación y fortalecimiento de todos los
mecanismos de participación política y de las organizaciones sociales y
políticas surgidas a su amparo (Consejos Comunales, Comunas y demás
organizaciones del llamado Poder Popular), bajo criterios de autonomía efectiva
respecto del Estado y los partidos políticos, de integración plural resultante
de su amplitud y su naturaleza, de democratización real de su vida interna y de
elevación de los sistemas de contraloría social y legal a los fines del
cumplimiento de sus funciones y de la administración transparente y eficaz de
los recursos que controlen o se les asignen.
13) Ante las graves urgencias que tiene el sector
Salud en su globalidad, decretar la EMERGENCIA SANITARIA
NACIONAL con la cual se puedan tomar medidas extraordinarias atacando, de esos
problemas, los más prioritarios inicialmente.
14) Sólo
en el marco de un programa como éste, de similares propósitos y alcances,
deberá incluirse la revisión de la política monetaria y cambiaria del país, la
cual, sin lugar a dudas, debe ser corregida y colocada en sintonía con el
espíritu y propósitos de esta propuesta.
Desde VANGUARDIA
POPULAR estamos llamando a un Gran
Acuerdo de Unidad Nacional donde todos los que nos integremos a él,
suscribamos un doble pacto implícito y explícito, complementarios y
simultáneos, para la formación de un Gobierno
de Unidad Nacional: un pacto político que favorezca la recomposición
democrática del país, el ejercicio pleno de las garantías y derechos
ciudadanos, el reconocimiento de las diferencias, el respeto de la disidencia y
las garantías para la existencia de las distintas tendencias o corrientes de
pensamiento, las cuales podrán convivir y competir civilizada y
democráticamente en el seno de la sociedad. El otro pacto es en el campo
económico-social, orientado a reactivar y desarrollar el aparato productivo, a
generar riqueza y a superar la pobreza y la exclusión social; a reducir el
desempleo y el empleo precario para transformarlo en empleo estable, productivo,
bien remunerado y protegido socialmente (o sea, empleo decente, como pautan la ONU y la OIT). Un pacto en el que
Estado, empresarios y trabajadores, sobre la base de una política orientada a
superar el rentismo y en el contexto de un modelo de economía mixta, concierten
un plan de desarrollo articulado y armónico de todas nuestras riquezas y
potencialidades productivas. Debe entenderse por economía mixta un modelo que
reconoce un área de propiedad estatal, un área de propiedad social, un área de
propiedad privada y otra para la inversión extranjera. Este pacto debe
traducirse en el compromiso de todos estos sectores a trabajar mancomunadamente
para sacar al país de la crisis actual, para recuperar el aparato productivo
nacional, reducir drásticamente las importaciones, satisfacer las demandas del
mercado interno, elevar nuestras exportaciones, propendiendo al desarrollo y el
progreso y a la reducción y superación de la pobreza y la exclusión social.
En cuanto a la pobreza y la exclusión social
es imprescindible, como parte de este Gran
Acuerdo de Unidad Nacional, que
haya un compromiso de todos los sectores (políticos, sociales, económicos,
religiosos, etc.) de impulsar políticas y programas destinados a su reducción y
superación real, consistente y sostenida. Se trata de admitir y viabilizar, de
hecho y no solo de palabra, que todos los habitantes del país, vistos
individual y colectivamente, son sujetos efectivos de derechos (económicos,
sociales, políticos, culturales, etc.), los cuales tienen que ser reconocidos,
respetados y garantizados. En fin podemos y debemos edificar una sociedad
sustentada en la justicia y equidad social, en la libertad y la democracia.
