VANGUARDIA POPULAR presenta propuestas ante los problemas económicos y sociales del país

VANGUARDIA POPULAR presenta propuestas ante los problemas económicos y sociales del país

Robin Rodríguez en su condición de Secretario General de VANGUARDIA POPULAR e integrante de la UNIDAD en Anzoátegui, señaló que elevaran propuestas concretas a la nueva Asamblea Nacional en función de atender los graves problemas económicos y sociales que vive el país.

Rodríguez indicó que los PAQUETES ECONÓMICOS del pasado y el presente, han sido medidas orientadas para sacar del bolsillo de los trabajadores y el pueblo, el déficit de los gobernantes de turno, con la particularidad, que en la actualidad vivimos momentos explosivos, producto de las drásticas devaluaciones, subempleos, alto costo de la vida y para colmo escasez a niveles alarmantes de rublos vitales para los ciudadanos. En tal sentido, debemos abrir un debate sobre la aplicación de medidas económicas y sociales que no representen más pobreza y calamidades para los venezolanos, entre las que se encuentran:

1) Reducción drástica del gasto militar que actualmente consume un promedio anual de 6.000 millones de dólares.

2) Un programa de reestructuración de la deuda externa que este año supone pagos por el orden de los 11.000 millones de dólares. Este programa tendría como propósito diferir pagos y discutir nuevas condiciones y plazos para los mismos.

3) Una reforma tributaria integral orientada a reactivar el aparato productivo nacional y a proteger y abaratar el consumo. Esta reforma debe favorecer y facilitar la inversión productiva, estimular el mercado interno, recuperar el poder adquisitivo de los sueldos y salarios, proteger los sectores vitales de la economía y los grupos sociales más empobrecidos y vulnerables de la población.

4) En correspondencia con lo anterior, desarrollar un plan nacional de infraestructura que favorezca la reactivación económica, construya y recupere importantes obras de servicio y genere empleo en forma rápida.

5) Un plan nacional de compras por parte del Estado, tendente al mismo propósito de reactivación del aparato productivo nacional y a la reducción significativa de las importaciones.

6) Reformulación integral de toda la política petrolera del país, con énfasis en la revisión de los contratos suscritos con las transnacionales del sector, así como de la política industrial y comercial de PDVSA. Especial atención se deberá dar a los acuerdos de PETROCARIBE y PETROAMÉRICA que nos colocan como financistas o subsidiadores a estados que viven mejores momentos que nuestro país. Sólo en este contexto estaríamos en disposición de considerar la revisión del precio de la gasolina.

7) Intervención de la Corporación Venezolana de Guayana a fin de desarrollar todas las medidas necesarias para acometer la pronta reactivación de sus empresas. Esta medida tendría que quedar en manos de una Junta Interventora multidisciplinaria, altamente calificada desde los puntos de vista profesional, técnicos y gerenciales, pero también incuestionable desde el punto de vista moral, en su compromiso patriótico y su sensibilidad social.

9) Designación de otra Comisión Especial para la revisión de la situación de las empresas del Estado, con exclusión de PDVSA, la CVG y demás empresas básicas o estratégicas. Nos referimos específicamente a las empresas de la mal llamada área de la economía social, a fin de verificar su estado financiero y gerencial, su productividad y eficiencia, con miras a su transferencia, bien a sus trabajadores o al sector privado, según los casos.

8) Conformar una Comisión Especial contra la corrupción y la impunidad, cuyo propósito sería investigar los graves delitos de corrupción cometidos durante este período, así como adelantar las medidas conducentes a la recuperación de los dineros sustraídos.

9) Adelantar una gran campaña por la vida, fruto de un gran acuerdo nacional que comprometa a todos los sectores del país, orientada a revalorizar de forma integral u holística el sentido de la vida, a sembrar nuevos valores asociados a la convivencia social y la solidaridad, al fomento del trabajo y el estudio, a la honradez y la honestidad. Este esfuerzo tendría que ser complementado con un conjunto de medidas orientadas la combatir la impunidad y el crimen organizado, a reestructurar los cuerpos policiales y el poder judicial, a desarmar a la población y a reestructurar y humanizar el sistema carcelario venezolano, entre otras cosas.

10) Desmantelamiento radical de lo que conocemos como sistema nacional de medios públicos, fuente de despilfarro de los dineros de la nación, de negociados y corrupción, de financiamiento del PSUV y demás factores asociados al llamado “proceso” y de campañas sistemáticas de ideologización y falseamiento de la realidad. En su lugar, volver al viejo esquema de una o dos emisoras radiales del Estado, que no del gobierno, de una o dos plantas televisivas del Estado, que no del gobierno, preservando las prerrogativas que la ley contempla para la publicidad oficial y para la comunicación con el país.

11) Preservación, fortalecimiento y reingeniería de la política y los programas sociales con miras a la protección de los sectores empobrecidos y los grupos vulnerables. Esta medida debe orientarse a mejorar su cobertura y eficacia orientando su impacto sobre la población en términos efectivos de inclusión social y superación de la pobreza, con base en criterios de sostenibilidad, sustentabilidad y democratización.

12) Preservación y fortalecimiento de todos los mecanismos de participación política y de las organizaciones sociales y políticas surgidas a su amparo (Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones del llamado Poder Popular), bajo criterios de autonomía efectiva respecto del Estado y los partidos políticos, de integración plural resultante de su amplitud y su naturaleza, de democratización real de su vida interna y de elevación de los sistemas de contraloría social y legal a los fines del cumplimiento de sus funciones y de la administración transparente y eficaz de los recursos que controlen o se les asignen.

13) Ante las graves urgencias que tiene el sector Salud en su globalidad, decretar la EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL con la cual se puedan tomar medidas extraordinarias atacando, de esos problemas, los más prioritarios inicialmente.

14) Sólo en el marco de un programa como éste, de similares propósitos y alcances, deberá incluirse la revisión de la política monetaria y cambiaria del país, la cual, sin lugar a dudas, debe ser corregida y colocada en sintonía con el espíritu y propósitos de esta propuesta.

Desde VANGUARDIA POPULAR estamos llamando a un Gran Acuerdo de Unidad Nacional donde todos los que nos integremos a él, suscribamos un doble pacto implícito y explícito, complementarios y simultáneos, para la formación de un Gobierno de Unidad Nacional: un pacto político que favorezca la recomposición democrática del país, el ejercicio pleno de las garantías y derechos ciudadanos, el reconocimiento de las diferencias, el respeto de la disidencia y las garantías para la existencia de las distintas tendencias o corrientes de pensamiento, las cuales podrán convivir y competir civilizada y democráticamente en el seno de la sociedad. El otro pacto es en el campo económico-social, orientado a reactivar y desarrollar el aparato productivo, a generar riqueza y a superar la pobreza y la exclusión social; a reducir el desempleo y el empleo precario para transformarlo en empleo estable, productivo, bien remunerado y protegido socialmente (o sea, empleo decente, como pautan la ONU y la OIT). Un pacto en el que Estado, empresarios y trabajadores, sobre la base de una política orientada a superar el rentismo y en el contexto de un modelo de economía mixta, concierten un plan de desarrollo articulado y armónico de todas nuestras riquezas y potencialidades productivas. Debe entenderse por economía mixta un modelo que reconoce un área de propiedad estatal, un área de propiedad social, un área de propiedad privada y otra para la inversión extranjera. Este pacto debe traducirse en el compromiso de todos estos sectores a trabajar mancomunadamente para sacar al país de la crisis actual, para recuperar el aparato productivo nacional, reducir drásticamente las importaciones, satisfacer las demandas del mercado interno, elevar nuestras exportaciones, propendiendo al desarrollo y el progreso y a la reducción y superación de la pobreza y la exclusión social.

  En cuanto a la pobreza y la exclusión social es imprescindible, como parte de este Gran Acuerdo de Unidad Nacional, que haya un compromiso de todos los sectores (políticos, sociales, económicos, religiosos, etc.) de impulsar políticas y programas destinados a su reducción y superación real, consistente y sostenida. Se trata de admitir y viabilizar, de hecho y no solo de palabra, que todos los habitantes del país, vistos individual y colectivamente, son sujetos efectivos de derechos (económicos, sociales, políticos, culturales, etc.), los cuales tienen que ser reconocidos, respetados y garantizados. En fin podemos y debemos edificar una sociedad sustentada en la justicia y equidad social, en la libertad y la democracia.