MI TESTIMONIO EN FAVOR DE LA
AMINISTÍA
Por Rafael Venegas
Secretario General Nacional de
VANGUARDIA POPULAR
Profesor de la Universidad Central de Venezuela
Ex-Preso Político, liberado en 1985 tras la Amnistía decretada durante el gobierno de Jaime Lusinchi.
Profesor de la Universidad Central de Venezuela
Ex-Preso Político, liberado en 1985 tras la Amnistía decretada durante el gobierno de Jaime Lusinchi.
En febrero de 1985
obtuve mi libertad como consecuencia de un Decreto Presidencial que sobreseyó
las causas a 38 prisioneros políticos venezolanos. Era el tercer decreto
dictado por el gobierno de Jaime Lusinchi desde la víspera de las navidades del
año anterior y a él le siguieron otros que fueron aliviando un problema que
afectaba a 187 compatriotas. Quedaron presos sólo los jefes históricos de las
organizaciones aún en la clandestinidad y levantadas en armas, quienes también
fueron siendo liberados de forma progresiva, como producto de medidas de gracia
tomadas por los gobiernos de Lusinchi y Rafael Caldera. Se trató, como casi
siempre a lo largo de la historia, de juicios políticos resueltos con medidas
políticas, las cuales contribuyeron a crear las condiciones democráticas para
que la disidencia revolucionaria pudiera expresarse legalmente.
Aquél fue un proceso de conversaciones iniciado en el propio cuartel San Carlos entre emisarios de alto rango del gobierno de turno y los principales líderes de las organizaciones subversivas de la época (no hay connotación peyorativa en el uso del término; por el contrario, quiero reivindicarlo en sus alcances más legítimos y cuestionadores), con la presencia de terceros de buena fe y testigos de excepción. En honor a la verdad debo decir que no fueron negociaciones que nos impusieran condiciones humillantes o indignas. Fueron más bien medidas unilaterales tomadas por Lusinchi primero y luego por Caldera, como manifestación de su interés por resolver un asunto que constituía una rémora histórica y que impedía terminar de pacificar al país desde el punto de vista político-institucional (paz y justicia social son otra cosa). Medidas unilaterales pero conversadas, en cierto modo convenidas, a las que le siguieron acciones o gestos unilaterales de parte de nosotros en igual sentido.
Durante una etapa de este largo proceso formé parte del equipo que condujo las conversaciones. Lo hice en representación de quienes seguían presos o perseguidos, acompañado, entre otros, por David Nieves, Raúl Esté y Alí Rodríguez Araque, personajes todos ligados al llamado “proceso” y cercanos al actual Presidente, Nicolás Maduro. Lo hice al frente de un vasto movimiento de familiares y amigos de los presos políticos y al calor de pronunciamientos públicos de partidos políticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos; con el respaldo de intelectuales, artistas, académicos, sectores de las Iglesias, dirigentes políticos, sindicales, gremiales, estudiantiles y populares. El resultado fue que los partidos aún clandestinos emergieron a la legalidad, la guerrilla del Frente Américo Silva se desmovilizó, las cárceles se vaciaron y el país vivió un período sin presos políticos, hasta que sobrevino la crisis política y militar del período 1992-1998.
Madurez política, reconocimiento mutuo, respeto por las posiciones del otro-diferente, fervor patriótico, magnanimidad y espíritu de reconciliación fueron los soportes principales que facilitaron este resultado. Hoy, cuando la Asamblea Nacional discute un proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación, sumo mi testimonio como constancia de respaldo pleno a esta noble iniciativa, así como el apoyo unánime de Vanguardia Popular, partido en el cual milito con muchos de quienes han purgado cárcel en defensa de sus ideas políticas. Y me dirijo a Nicolás Maduro, quien me conoce y conoce de cerca esta historia; a David Nieves, a quien sé cercano al Presidente; a Carlos Lanz, beneficiario y testigo del episodio comentado; a Alí Rodríguez, Aristóbulo y tantos otros, para que sumen el concurso de su esfuerzo con el mismo espíritu que animó aquella historia, desprovistos de todo ánimo revanchista o de venganza, para que escuchen el clamor de un país que quiere reconciliación y paz como condición para encarar sus más graves problemas, para hacer posible una Venezuela sin presos, perseguidos ni exiliados políticos.
Aquél fue un proceso de conversaciones iniciado en el propio cuartel San Carlos entre emisarios de alto rango del gobierno de turno y los principales líderes de las organizaciones subversivas de la época (no hay connotación peyorativa en el uso del término; por el contrario, quiero reivindicarlo en sus alcances más legítimos y cuestionadores), con la presencia de terceros de buena fe y testigos de excepción. En honor a la verdad debo decir que no fueron negociaciones que nos impusieran condiciones humillantes o indignas. Fueron más bien medidas unilaterales tomadas por Lusinchi primero y luego por Caldera, como manifestación de su interés por resolver un asunto que constituía una rémora histórica y que impedía terminar de pacificar al país desde el punto de vista político-institucional (paz y justicia social son otra cosa). Medidas unilaterales pero conversadas, en cierto modo convenidas, a las que le siguieron acciones o gestos unilaterales de parte de nosotros en igual sentido.
Durante una etapa de este largo proceso formé parte del equipo que condujo las conversaciones. Lo hice en representación de quienes seguían presos o perseguidos, acompañado, entre otros, por David Nieves, Raúl Esté y Alí Rodríguez Araque, personajes todos ligados al llamado “proceso” y cercanos al actual Presidente, Nicolás Maduro. Lo hice al frente de un vasto movimiento de familiares y amigos de los presos políticos y al calor de pronunciamientos públicos de partidos políticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos; con el respaldo de intelectuales, artistas, académicos, sectores de las Iglesias, dirigentes políticos, sindicales, gremiales, estudiantiles y populares. El resultado fue que los partidos aún clandestinos emergieron a la legalidad, la guerrilla del Frente Américo Silva se desmovilizó, las cárceles se vaciaron y el país vivió un período sin presos políticos, hasta que sobrevino la crisis política y militar del período 1992-1998.
Madurez política, reconocimiento mutuo, respeto por las posiciones del otro-diferente, fervor patriótico, magnanimidad y espíritu de reconciliación fueron los soportes principales que facilitaron este resultado. Hoy, cuando la Asamblea Nacional discute un proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación, sumo mi testimonio como constancia de respaldo pleno a esta noble iniciativa, así como el apoyo unánime de Vanguardia Popular, partido en el cual milito con muchos de quienes han purgado cárcel en defensa de sus ideas políticas. Y me dirijo a Nicolás Maduro, quien me conoce y conoce de cerca esta historia; a David Nieves, a quien sé cercano al Presidente; a Carlos Lanz, beneficiario y testigo del episodio comentado; a Alí Rodríguez, Aristóbulo y tantos otros, para que sumen el concurso de su esfuerzo con el mismo espíritu que animó aquella historia, desprovistos de todo ánimo revanchista o de venganza, para que escuchen el clamor de un país que quiere reconciliación y paz como condición para encarar sus más graves problemas, para hacer posible una Venezuela sin presos, perseguidos ni exiliados políticos.
