Por motivo de cumplirse 25 años de la mas grande masacre cometida contra el pueblo venezolano desde la lucha por la independencia hasta nuestros días; donde la viejas cúpulas gobernantes respondieron con una brutal represión al estallido social provocado por un PAQUETAZO DE MEDIDAS ECONÓMICAS que descargaba en los hombros de los trabajadores y el pueblo, el peso de una crisis que era responsabilidad de dicha cúpula.
En la actualidad vivimos una situación similar, con medidas económicas ejecutadas por Maduro y la nueva cúpula corrupta del gobierno. Donde han devaluado nuestra moneda en tres ocasiones en menos de un año, aumentaron la Unidad Tributaria, pretenden aumentar de manera gradual la gasolina, aumentan la deuda externa llegando al extremo de hipotecar parte del petroleo que aun esta en nuestro subsuelo y ahora hablan de hipotecar nuestro oro, entre otras medidas orientadas a resolver la falta de liquidez, producto del de la corrupción, despilfarro y reforzamiento de la dependencia económica de nuestra nación cuando la mayoría de las cosas que consumimos y utilizamos dependen del comercio internacional. Medidas que mantendrán las millonarias ganancias de las poderosas transnacionales (entre ellas las de origen norteamericanas) y de sus socios nativos conocidos como LA BOLIBURGUESIA o cúpula económica que posee un gran poder financiero dado a sus negocios con las importaciones, contratos con el Estado, el negocio especulativo con los dólares, el millonario negocio petrolero donde a través de las empresas mixtas las poderosas transnacionales cuentan con privilegios que superan a los que poseían con los gobiernos del pasado. Pero nuevamente los causantes de la crisis buscan que el pueblo pague sus crisis.
Con el descaró que los caracteriza, utilizaran el aniversario de los lamentables y repudiable sucesos violentos del 27 de febrero del 1989 para desarrollar sendos discursos en aras de distraer a la población, cuando ellos amparan a muchos de los implicados en las masacres del pasado contra nuestro pueblo:
1-. Activistas de derechos humanos afectos al régimen han denunciado públicamente que el General Roger Cordero Lara (Comandante de la Fuerza Área hasta julio de 2007), fue uno de los oficiales que bombardeo las cercanías de la Población de Cantaura, aquel lunes 4 de octubre de 1982.
2-. Los esbirros Henry López Sisco y Norberto Rebánales (actores materiales de la masacre de Cantaura y la de Yumare el 8 de mayo de 1986) fueron hasta en 2002 asesores de la DISIP y de varias policías bajó el mando de estos falsos revolucionarios, pero dado a su participación en el Carmonazo, dejaron de ser útiles para el régimen.
3-. También tenemos el genocidio cometido contra el pueblo venezolano luego del estallido social del 27 de febrero de 1989, donde el General Wilfredo Silva (Fue Jefe del CUFAN) confiesa en el libro "Militares junto al pueblo" de Marta Harnecker, que le correspondió dirigir las operaciones del Ejército en el Valle de Caracas; zona donde se produjo el mayor numero de muertos con armas de guerra.
4-. El 29 de octubre de 1988 se efectuó la conocida masacre de El Amparo; pero resulta que PROVEA denunció que el Coronel (Ej) Enrique Vivas Quintero (Comandante militar de la zona implicado en el suceso), terminó siendo director de finanzas del MVR en Caracas y posteriormente diputado en el Parlamento Andino por esta organización política. Omar Antonio Pérez Hudson, sargento técnico de primera, quien participó directamente en la masacre, fue nombrado director nacional de Investigaciones de la Disip en el año 2002. Celso Rincón Fuentes, funcionario de la Disip, quien engañó a los pescadores al solicitarles que le pescaran unos Coporos para llevarlos a San Cristóbal, siendo que ya tenían pensado emboscarlos para pasarlos como guerrilleros, ocupó el cargo de subdirector y jefe de Seguridad de la cárcel de Yare en el año 2002. El coronel (E) Ricardo Pérez Gutiérrez, quien actuó como juez militar en el caso, y falló a favor de los agresores y en contra de los sobrevivientes, era en el 2006 consultor jurídico del Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social. Durante el cargo de José Vicente Rangel como ministro de la Defensa, había sido asesor jurídico del Ejército y ocupó luego la Consultoría Jurídica de ese despacho durante la gestión del general Jorge García Carneiro.
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