Marino Alvarado. 23/03/2012El 24 de marzo se conmemorará el 32 aniversario del asesinato de Monseñor Oscar Romero en El Salvador, un hecho que catalizó la confrontación armada contra un gobierno que había cerrado todas las posibilidades legales para la oposición política. El arzobispo Romero denunciaba las violaciones a los derechos humanos, manifestando su solidaridad con las víctimas de la violencia estatal, promoviendo un ejercicio pastoral identificado con los sectores populares.
La guerra civil protagonizada por el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ocasionó, en 12 años, 75.000 muertos y desaparecidos. En su finalización un venezolano, miembro actual de Provea, desempeñó un rol fundamental en la negociación. El 16 de enero se cumplieron 20 años de la firma de lo que fue un proceso inédito en la región -la superación de un conflicto armado a través de una solución política negociada.
Como recuerda el propio Nikken en El Salvador “El camino de la paz pasaba por la consolidación de las instituciones democráticas, por la erradicación de las prácticas atentatorias contra los derechos humanos y por el fortalecimiento de los medios para respetarlos y garantizarlos: la edificación de un proyecto nacional centrado en la dignidad de la persona”.
Para este trabajo Pedro Nikken fue contratado como asesor jurídico del proceso por parte de la Secretaría General de las Naciones Unidas, la cual realizaba por primera vez una acción diplomática en conflictos armados no internacionales. Tras su consolidación, producto de la fusión de cinco organizaciones políticas, el movimiento insurgente insistió en negociar una solución política para una paz justa. En 1984 el gobierno de José Napoleón Duarte accedió iniciar el proceso, por lo que las dos delegaciones se encontraron por primera vez el 15 de octubre de 1984.
Luego de ocho años de negociación se lograron acuerdos firmes que pusieron fin al conflicto armado y se trazó una ruta consensuada para fortalecer las instituciones, consolidar la democracia, investigar los crímenes y garantizar la reducción de la pobreza.
Uno de los asuntos que quedó pendiente fue la investigación y sanción a los responsables del asesinato de Monseñor Romero. El caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Comisión resolvió en abril de 2000 que el Estado salvadoreño era responsable por haber violado el derecho a la vida en contra de Monseñor Romero, por faltar a su deber de investigar el crimen en forma diligente y eficaz, por incumplir su obligación de procesar y sancionar a los responsables, y por la falta de adecuación de la leyes internas a los contenidos de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En tiempos en que en el país se pretende criminalizar la denuncia es oportuno recordar a Monseñor Romero “Si denuncio y condeno la injusticia es porque es mi obligación como pastor de un pueblo oprimido y humillado”
La guerra civil protagonizada por el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ocasionó, en 12 años, 75.000 muertos y desaparecidos. En su finalización un venezolano, miembro actual de Provea, desempeñó un rol fundamental en la negociación. El 16 de enero se cumplieron 20 años de la firma de lo que fue un proceso inédito en la región -la superación de un conflicto armado a través de una solución política negociada.
Como recuerda el propio Nikken en El Salvador “El camino de la paz pasaba por la consolidación de las instituciones democráticas, por la erradicación de las prácticas atentatorias contra los derechos humanos y por el fortalecimiento de los medios para respetarlos y garantizarlos: la edificación de un proyecto nacional centrado en la dignidad de la persona”.
Para este trabajo Pedro Nikken fue contratado como asesor jurídico del proceso por parte de la Secretaría General de las Naciones Unidas, la cual realizaba por primera vez una acción diplomática en conflictos armados no internacionales. Tras su consolidación, producto de la fusión de cinco organizaciones políticas, el movimiento insurgente insistió en negociar una solución política para una paz justa. En 1984 el gobierno de José Napoleón Duarte accedió iniciar el proceso, por lo que las dos delegaciones se encontraron por primera vez el 15 de octubre de 1984.
Luego de ocho años de negociación se lograron acuerdos firmes que pusieron fin al conflicto armado y se trazó una ruta consensuada para fortalecer las instituciones, consolidar la democracia, investigar los crímenes y garantizar la reducción de la pobreza.
Uno de los asuntos que quedó pendiente fue la investigación y sanción a los responsables del asesinato de Monseñor Romero. El caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Comisión resolvió en abril de 2000 que el Estado salvadoreño era responsable por haber violado el derecho a la vida en contra de Monseñor Romero, por faltar a su deber de investigar el crimen en forma diligente y eficaz, por incumplir su obligación de procesar y sancionar a los responsables, y por la falta de adecuación de la leyes internas a los contenidos de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En tiempos en que en el país se pretende criminalizar la denuncia es oportuno recordar a Monseñor Romero “Si denuncio y condeno la injusticia es porque es mi obligación como pastor de un pueblo oprimido y humillado”
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