Para el ejército ahora los yukpas son guerrilleros

Sociedad Homo et Natura* / Soberania.org -

Acusamos a los Ministerios del Ambiente y Defensa y al INTI de posibles agresiones o la muerte de dirigentes Yukpa o activistas de derechos humanos y ambientales
Cuarenta efectivos del Ejército de la Primera División de Infantería, 12 Brigada de Caribe del Fuerte Macoa del Ejército de Machiques a cargo del teniente coronel Deiver Freites, tomaron militarmente a las 8 de la mañana del día lunes 19 de enero de 2008 la comunidad Yukpa Chaktapa, apuntando con sus armas reglamentarias al Cacique Sabino Romero Izarra y a su familia, acusándolos de inmediato de estar involucrados con grupos guerrilleros colombianos que operan en la Sierra de Perijá.

Al día siguiente, el martes 20 a eso de las doce de la noche, dos efectivos de la Guardia Nacional -del Comando 36 de Machiques a cargo del Capitán Bastida- en dos motos y otros tantos en un rustico marca Toyota con emblemas de la institución, interceptaron en el portón al llegar a su casa en la ciudad de Machiques a Orlando Medina, activista de derechos humanos, ecologista, realizador de videos y estudiante de Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), y en actitud amenazante le dijeron que dejara de subir a la Sierra de Perijá, y sin pronunciar más palabras de inmediato se retiraron del frente de su casa.

La agresividad con que abordaron los soldados dirigidos por el capitán Flores que entraron a la comunidad Chaktapa desde la comunidad Tukuko a dos horas de camino y los otros dirigidos por Ramírez que entraron en camiones convoy por la Cuesta del Padre, fue parada en seco cuando se percataron del uso de las cámaras de video que manejaban los jóvenes de la comunidad, haciendo referencia que dichas cámaras eran la labor de los periodistas que visitaban la comunidad.

Revisaron sus ranchos de palma llevándose la cédula de identidad de Sabino Romero Martínez y cosas personales, sin que estos se dieran cuenta. La nueva toma militar exprés duró como cuatro horas, afirmando que dicha operación eran órdenes del General Gerardo José Izquierdo Torres, militar este implicado en la violación de los derechos humanos a indígenas, periodistas y activistas sociales durante los acontecimientos represivos del viernes 22 de agosto de 2008 en la Cuesta del Padre, punto de entrada a las comunidades Yukpa del Yaza en la carretera vía el Tukuko. Estas violaciones de repercusiones nacionales e internacionales se ventilan hoy en la Fiscalía 41 del Ministerio Público en la ciudad de Maracaibo.

Hacendados engañados por el Gobierno
El domingo 24 de agosto del 2008 el Presidente Chávez, ante los acontecimientos del viernes 22 de agosto de 2008, ordenó al Ministerio del Ambiente el pago de las bienhechurías de las haciendas retomadas por los Yukpa. Hasta la fecha, a pesar de las presiones y denuncias ante el Ministerio del Ambiente y el INTI, no existe manera para obligar a cancelar el dinero a los ganaderos de las haciendas ocupadas Tizina, Kusare, Brasil, Paja Chiquita y Medellín. Desobedeciendo de esta manera una orden presidencial.

Esta negativa del Ministerio del Ambiente, genera una tensión permanente en las familias de las comunidades indígenas Chaktapa, Guamo-Pamocha, Shirayi, Río Yaza y Jararamü, debido a las amenazas contínuas emitidas por parte de los ganaderos de recuperar a la fuerza las instalaciones de dicha haciendas ocupadas por el pueblo Yukpa.

Amenazas que se traducen en represión selectiva por hombres armados contra los conductores que hacen viajes de la ciudad de Machiques a las comunidades asentadas en la cuenca del río Yaza. Luego de las amenazas y torturas sufridas por conductores que viajan a la zona, nadie quiere entrar a llevar pasajero alguno. Pero estas amenazas y torturas selectivas también la sufren algunos dirigentes Yukpa de las comunidades del Yaza. Situación que conoce la Fiscalía 40 y 41 del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

Estos acontecimientos represivos violadores de los derechos humanos del 22 de agosto del año pasado, bajo las ordenes del General Izquierdo Torres, ocurrieron después de la recuperación de haciendas por parte de las comunidades Yukpa de los ríos Yaza y Negro entre enero y agosto del año de 2008. Y una semana antes, contra ciudadanos ambientalistas y periodistas de medios comunitarios cuando un grupo de efectivos del Ejército trataron de llevárselos detenidos al Fuerte Macoa por orden del mismo General Izquierdo Torres, en la misma buseta en donde se trasladaban a la ciudad de Maracaibo.

Bajo el silencio cómplice del INTI y del Ministerio del Ambiente a través de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, hoy la nueva estrategia represiva de Izquierdo, Bastidas y ganaderos del Yaza es acusar y privar de libertad a los lideres Yukpa, a los defensores de los derechos humanos, ecologistas y comunicadores de los medios comunitarios de guerrilleros, para así criminalizar la lucha y obligar a los lideres Yukpa a entregar las tierras recuperadas. Los funcionarios de Ambiente y Tierra prefieren que se desate de nuevo la muerte y la represión contra las comunidades de la Sierra de Perijá que doblegar el brazo y pagar las bienhechurías que por ley y por orden del mismo presidente de la república están obligados a realizar.

En los artículos 23 y 46 de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, obliga a esta comisión de demarcación de tierras a pagarle a los terceros las bienhechurías de sus fundos:
“Dentro del lapso previsto para elaboración del informe de demarcación, serán analizados los alegatos, defensas y pruebas presentadas por los interesados. En caso de conflictos, la Comisión Regional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas propondrá los medios alternativos de solución de conflictos, sin menoscabo de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas” (Art. 23)
Así mismo:
“Los conflictos inherentes al procedimiento de demarcación, que se presenten entre el pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas con cualquier persona natural o jurídica, sea de carácter público, privado o mixto, podrán ser resueltos por la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas dentro del lapso de discusión del informe de demarcación, a través de acuerdos empleando medios alternativos de solución de conflictos. De los acuerdos alcanzados se dejará expresa constancia por escrito en el expediente firmado por las partes, sus representantes y los funcionarios que intervienen en el acto. Si se acuerda el pago de cantidades de dinero por derechos de terceros, la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas queda encargada de realizar el pago directamente” (Art. 46).
Igualmente, esta ley en su artículo 41 obliga al Estado gobierno a no realizar ni permitir desalojo alguno de sus tierras en disputas mientras dure el proceso de demarcación de las tierras indígenas:
“En los procedimientos judiciales o administrativos que pretendan el desalojo de pueblos y comunidades indígenas, el juez o la autoridad competente deberá, desde la declaratoria del inicio del procedimiento de demarcación, hasta el acto definitivo de demarcación, paralizar el procedimiento y abstenerse de decretar y ejecutar medidas de desalojo en contra de estos pueblos y comunidades que, ancestral y tradicionalmente se encuentren dentro de los espacios geográficos sujetos al procedimiento de demarcación del hábitat y tierras indígenas”.
Pero la Ministra del ambiente, Yubirí Ortega de Carrizales, sigue empantanada en la interpretación de los derechos territoriales indígenas a la luz del artículo 370 del cuartorepublicano y rígido Código de Procedimiento Civil, pretendiendo reconocer aspiraciones de terceros como derechos en los territorios indígenas, pues estos supuestos derechos de terceros no son otra cosa que los derechos de los pueblos indígenas violados, pues valiéndose de la dictadura de Pérez Jiménez la familia Vargas y otros despojaron a los Yukpa del Yaza de sus tierras planas a sangre y fuego. ¿Qué derecho pretende ahora reconocer la ministra Ortega? de allí la obligada pregunta ¿está o no está el Gobierno Socialista con los Yukpa y los Barí?, más cuando ayer jueves 22 de enero se le presentó, no en las comunidades indígenas sino en el fuerte Macoa al General Izquierdo Torres y funcionarios públicos, los resultados y avance de la demarcación de las tierras Barí y Yukpa.