Si analizamos los resultados de la economía al cierre de 2008, cuando todavía no comienza a manifestarse los efectos de la crisis internacional sobre su dinámica interna, veremos que las erráticas políticas económicas y la irracional y demagógica política de gasto fiscal, aunada al despilfarro nacional e internacional, a la ineptitud para gobernar y a la galopante corrupción que carcome las estructuras de las principales instituciones del régimen; claramente anuncian el fin de su artificio de bienestar económico y social: inflación disparada, aumento del desempleo, dólar paralelo marcando los costos y precios de los productos, déficit fiscal y endeudamiento colosal del país, entre otras cosas. Y todo ello, coincidiendo con el deterioro progresivo de la capacidad de amortiguación que hasta ahora ha representado las Misiones, con el fracaso más estruendoso en el manejo de las empresas nacionalizadas y de la llamada “economía social”, con la crisis de las empresas tuteladas por la CVG, con el desmejoramiento de la calidad de todos los servicios públicos y, en general, con la merma en la calidad de vida de la gente.La conclusión más importante es que el dique de contención que representó la enorme bonanza petrolera, que permitió mitigar parcial y relativamente los principales males del país, que sirvió para ocultar de alguna manera toda su incapacidad e ineficiencia en la gestión pública y, sobre todo, para financiar su irracional proyecto despótico y totalitario más allá, incluso, de las fronteras nacionales; ese dique de contención, decimos, ha comenzado a agrietarse y amenaza con desbordar sus aguas en el discurrir del año 2009. Sencillamente, con la caída acelerada de los precios petroleros y el conjunto de otros efectos que traerá consigo la crisis, el gobierno no estará en condiciones de mantener el gasto público, no podrá cubrir los compromisos adquiridos en materia de gastos e inversión, no tendrá las mismas facilidades que hasta ahora para acceder al crédito o al préstamo, ni podrá financiar toda su irracionalidad político-social nacional e internacional.
El proyecto de presupuesto presentado por el gobierno para el año 2009 ha sido calculado con base en un barril a $60 y una producción anual de 3.900.000 barriles diarios. Es fácil desprender que ninguna de las dos premisas podrá ser cumplida, pero llama la atención la ratificación del mismo por parte un gobierno que sabe perfectamente que ni una ni otra cosa son verdad. La explicación es que se trata de una estratagema del gobierno que no quiere anunciar desde ya, por razones políticas que comienzan a ser obvias, que forzosamente tendrá que ir hacia un recorte presupuestario y a la toma de algunas medidas de ajuste fiscal. Todos los analistas coinciden en que el gobierno necesita, efectivamente, un barril de petróleo a un precio no menor de $60 para poder financiar toda su política. Cualquier caída por debajo de ese límite ya se traduce en déficit y hacen inviable sus planes. Esa es la primera lectura que hay que hacer del presupuesto presentado. Pero el gobierno parece estar dispuesto a aprobarlo en estos términos, aun cuando el barril de petróleo venezolano promedia hoy los $40 el barril (O sea, $20 menos que el precio al que ha sido calculado el presupuesto) y la producción no pasa de los 2.400.000 barriles diarios.
El gobierno está plenamente consciente de lo que aquí decimos. Tratará de diferir todo el tiempo que sea posible el momento de anunciar el recorte y las medidas de ajustes. Para ello cuenta con suficientes reservas internacionales que le permiten un cierto margen de maniobra. Necesita primero someter a consulta su inconstitucional pero imprescindible Enmienda Constitucional y para lograrlo no ahorrará esfuerzos y recursos, tal como lo demostró a lo largo de la campaña electoral que acaba de concluir.
¿Qué tipo de recortes y de medidas de ajuste podría tomar el gobierno? Es obvio que intentará no afectar sus programas sociales y que la última de las medidas será la devaluación. Por ahora sólo nos ha anunciado las ridículas medidas de reducir las llamadas a celulares, la cancelación de las celebraciones de agasajos y fiestas y la reducción de la compra de vehículos para el gobierno; ni siquiera de un valor simbólico. Es previsible, en cambio, que restablezca el impuesto al debito bancario, que se eleve la alícuota del IVA, que se regulen las importaciones según un cierto orden de prioridades, que se imponga un sistema de cambio diferencial (una devaluación controlada y parcial), que se redimensione y/o difieran algunos proyectos de inversión, que se cancelen algunas “nacionalizaciones” o compra de empresas por parte del Estado (tal vez sea ese el caso del Banco de Venezuela), que se posterguen algunas inversiones en el exterior y se reduzca en algo la “ayuda” a sus socios y gobiernos aliados, que se haga un nuevo ajuste de precios para volver a otra etapa de precios controlados, sin entrar en consideración del problema del precio de la gasolina; entre otras cosas. O sea, contracción económica con inflación en ascenso, escasez de productos y encarecimiento de sus precios, incremento del desempleo y más deterioro de los servicios públicos, nuevas cargas impositivas y reducción y encarecimiento de las importaciones sin contrapartida en la producción nacional, entre otras consecuencias. Y todo esto, en medio de un proceso de malestar social y de incremento de las protestas por diversos motivos, de aumento del número de los conflictos laborales por las reclamaciones salariales y contractuales y de rechazo creciente a su proyecto autoritario.
¿Puede, sin embargo, el gobierno someterse a algún nivel de disciplina fiscal y de racionalidad en el gasto, en el contexto de las circunstancias políticas actuales y de cara a sus propósitos políticos nacional e internacional? ¿Son éstas inexorablemente las únicas medidas que podría tomar? Tenemos razones para pensar que, si bien su margen de maniobras es bastante limitado, su talante autoritario y arbitrario puede llevarlo por caminos distintos. Por una parte, la ambición megalómana e irracional del presidente no encuentra límites ni mide proporciones, en función de su objetivo de perpetuarse en el poder e imponer su proyecto no ahorra esfuerzos ni recursos ni renunciará a sus manejos torcidos de la legalidad. Puede por un tiempo seguir gastando desbordada e irresponsablemente, durante una primera fase y hasta quemar las cartas que se está jugando hoy (no prejuzgamos por ahora resultados), para en un segundo momento decretar una emergencia por razones económicas y sociales, al amparo de la cual proceda arbitrariamente a tomar medidas extraordinarias, siempre de corte autoritario y, seguramente, destinadas al fracaso.
Como puede observarse, el panorama es complejo, difícil, incierto, como todo lo que nos ha tocado enfrentar en esta etapa. Pero pensamos que esta vez bastante más peligroso, con una gran potencialidad conflictiva y con el riesgo de replantear situaciones parecidas a las vividas durante el período 2002-2004.
